Ley de Financiamiento 2025 que Desfinancia: El Peligroso Artículo 4 que Perdona Millones en Evasión de IVA

Bajo el prometedor título de "Por medio de la cual se expiden normas para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación orientadas al restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas...",

el Gobierno ha presentado al Congreso el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025. Un nombre rimbombante para un objetivo loable. Sin embargo, entre sus páginas se esconde un despropósito legislativo que no solo desfinancia al Estado, sino que parece diseñado para perdonar una de las prácticas de evasión más comunes y normalizadas en el país.

Nos referimos directamente al Artículo 4 del proyecto. Esta modificación, que a primera vista parece un simple ajuste técnico, propone exonerar del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a las propiedades horizontales de uso residencial por la explotación y arrendamiento de sus zonas comunes. Una medida que, lejos de contribuir al equilibrio fiscal, abre un boquete millonario en las arcas de la nación y regala una amnistía de facto a quienes por años han cometido delitos.

La Cultura de la Evasión en la Propiedad Horizontal

No es un secreto, y mucho menos para la DIAN, que la explotación de zonas comunes en propiedades horizontales ha sido un foco persistente de evasión fiscal. Es una práctica generalizada: administradores y consejos de administración arriendan salones sociales, locales comerciales, terrazas o parqueaderos, y omiten facturar y recaudar el 19% del IVA correspondiente. Este dinero, que legalmente pertenece al Estado, a menudo termina en bolsillos particulares.

Esta conducta no es una simple falta administrativa; tipifica claramente el delito de omisión de agente retenedor. La propia DIAN, consciente de este problema, ha anunciado en comunicados como el No. 019 de 2025 una intensificación de las auditorías sobre este sector, reconociendo que es una fuente importante de evasión que debe ser combatida. Entonces, ¿por qué una ley que busca financiamiento decide perdonar y legalizar precisamente una de las conductas que la misma DIAN persigue?

El Doble Impacto del Artículo 4: Boquete Fiscal y Amnistía Judicial

Para entender por qué este artículo es tan grave, es necesario cuantificar sus efectos. El impacto no es solo financiero, sino también judicial.

1. El Detrimento Financiero: De lo Micro a lo Macroeconómico

Aterricemos el problema con un escenario conservador en Ibagué, basado en la práctica de ciertos grupos de administradores:

• El Cálculo Local: Asumamos que un grupo gestiona 10 zonas comunes, cada una arrendada por $8.000.000 mensuales. Al no recaudar el 19% de IVA, ese solo grupo se apropia de $182.400.000 al año. Este es el detrimento para el Estado por un solo actor en una sola ciudad.

• La Proyección Nacional: Ahora, seamos conservadores y proyectemos que en toda Colombia existen al menos 100 grupos operando con un esquema similar. La pérdida anual para la nación ascendería a $18.240.000.000. Estamos hablando de un hueco fiscal de, como mínimo cincuenta mil millones de pesos en proyecto de 3 años que  dura una fiscalización, que la ley estaría perdonando.

2. El Impacto Judicial: Desmantelando la Justicia, No las Redes Criminales

El aspecto más grave es la impunidad. Según cifras conocidas, para el año 2023 existían 1,526 procesos activos por el delito de omisión de agente retenedor, con nuevas investigaciones iniciadas en 2024 y 2025. Una porción significativa de estos casos se relaciona, precisamente, con la evasión de IVA.

Por el principio de favorabilidad penal (una ley posterior más benigna se aplica a hechos pasados), la aprobación del Artículo 4 actuaría como un "borrón y cuenta nueva". Esos 1,526 procesos, y todos los que se hayan sumado, perderían su fundamento legal si involucran propiedades horizontales residenciales. En lugar de "desarticular redes criminales", esta ley desarticularía años de trabajo investigativo de la DIAN y la Fiscalía.

La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que en una ley que busca desesperadamente financiamiento se incluya un artículo que regala miles de millones de pesos y perdona delitos?

Sea un error técnico producto del desconocimiento o un favor legislativo calculado para beneficiar a un sector específico, el resultado es el mismo: un duro golpe a la equidad tributaria, un premio para los deshonestos y un castigo para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.

En Rodriguez y Martinez, nuestro deber es analizar la ley más allá de lo evidente. Este tipo de "micos" demuestran que, para navegar el sistema tributario colombiano, no basta con cumplir la norma; es necesario entender sus trampas, sus contradicciones y estar preparado para defenderse de un sistema que a menudo es su propio peor enemigo.

Si usted es un administrador honesto o miembro de un consejo de administración y le preocupa cómo estas inconsistencias legales pueden afectarlo, o si la DIAN ya ha iniciado una investigación en su contra, no espere. La ley es un campo complejo y lleno de sorpresas. Contáctenos.